Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del Presidente de Nicaragua, llamó “cobarde” a Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter, y recibió respuesta desde la cuenta personal de un Subsecretario mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ortega Murillo es hijo de Daniel Ortega y de la Vicepresidenta Rosario Murillo. Padre y madre dirigen Nicaragua con mano dura y represión. En las últimas semanas han cargado en contra de cualquiera que signifique una amenaza para el control que tienen del país. Muchos opositores están en la prisión.
El Gobierno de Estados Unidos acusó a Ortega, de 75 años, de pretender eliminar a sus principales rivales políticos para asegurarse su reelección en los comicios del 7 de noviembre e iniciar un cuarto mandato consecutivo en enero de 2022.
“Oe, Andrés. La historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano”, le dijo a Andrés Manuel López Obrador. Maximiliano Reyes Zúñiga, Subsecretario para América Latina y El Caribe, le respondió: “La valentía siempre ha estado del lado de la libertad, la cobardía es la aliada de la represión”.
Mientras su padre es Presidente de Nicaragua, Juan Carlos dirige Difuso Comunicaciones, una compañía privada. El Tesoro de Estados Unidos ha ordenado congelar sus activos personales y los de su empresa por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Rafael y Laureano, sus otros dos hermanos, también tienen sus bienes congelados.
México y Argentina se negaron a firmar resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la persecución de opositores. El Canciller Marcelo Ebrard llamó a Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, embajador mexicano en Managua, para consultas.
“Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo”, dijo Ebrard.
El Presidente López Obrador dijo que “ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo se debe optar por la fuerza. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y no encarcelar, que sea el pueblo el que manera libre decida sobre las elecciones”.
La ola de arrestos y allanamientos comenzó el 27 de mayo con la detención de Walter Gómez y Marcos Fletes, empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una organización no gubernamental de promoción de la libertad de prensa que funcionó durante 35 años.
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